Plaza y
su empresa apéndice, Mayo, manejan 12 de las 16 líneas que circulan por
la ciudad (el 76% de la oferta disponible), dando un pésimo servicio,
apretando a sus propios choferes con una enorme flexibilización laboral
y, además, exigiéndole al municipio condiciones leoninas para reformar
un contrato que tiene establecido con la comuna reduciendo servicios y
frecuencias. Plaza ha violado sistemáticamente las condiciones del
servicio, pero estas reducciones de la prestación no conforman al pulpo,
el cual exige el aumento del boleto y no quiere invertir un peso.
El
intendente de Bahía Blanca habla hasta de "la incautación de unidades
por dos años y la puesta en marcha de un servicio municipal consensuado
con la oposición y con el gremio que agrupa a los choferes" (La Nueva
Provincia), como la respuesta frente a un eventual desacato, por parte
de la empresa.
El fondo del problema es la actualización del
cuadro tarifario, la posible incorporación al Sistema Unico de Boleto
Electrónico (Sube), la situación laboral de los choferes, mecánicos y
administrativos, el estado del material rodante disponible y,
fundamentalmente, la merma de subsidios millonarios que recibirá el
grupo.
El grupo Plaza viene retaceando inversiones desde que se
empezó a hablar del quite de los subsidios. Sus principales conflictos
se han situando en aquellas empresas donde los trabajadores, al margen
de las decisiones tanto de la burocracia de la UTA como de la Unión
Ferroviaria, han luchado para defender las condiciones de trabajo de
choferes y ferroviarios. Pero la desinversión de hecho viola todas
normas de seguridad, como lo demuestran el verdadero asesinato de la
estación Flores (con barreras que no funcionan) y las decenas de
accidentes en Ecotrans por el pésimo estado de los vehículos.
El
contrato con el municipio fue un fabuloso negociado de la misma
administración actual, con Breitenstein como intendente, que le entregó
el trasporte al grupo como salida al derrumbe del servicio que daban
empresas locales. Ahora el negociado se cierra por la propia crisis
abierta con los subsidios. Los mismos que impulsaban los acuerdos con
Plaza hoy son los que los quieren anular.
La caducidad del
contrato del grupo Plaza en Bahía exige una reflexión sobre grupos como
Plaza o Dota, los que han hundido decenas de líneas y se han quedado con
el 80% de los subsidios del transporte. Es necesario expropiarlos, que
pasen a manos del Estado y que estén bajo control de los trabajadores.
Este sería el único procedimiento correcto para terminar con la estafa
de estos verdaderos saqueadores y con las increíbles penurias de miles
de usuarios por la política de estos verdaderos explotadores.
